Mientras la privatización sigue en un cono de sombras, Trabajo dictó la conciliación obligatoria entre IMPSA y sus trabajadores que estaban en paro.
La Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en IMPSA, suspendiendo las medidas de fuerza iniciadas por los empleados luego de que cobraran solo el 50% de sus salarios en el mes de noviembre. La primera reunión de negociación entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la empresa se llevará a cabo el próximo lunes 9 de diciembre.
El conflicto surge en medio de una crisis financiera que afecta a la metalúrgica, agravada por la falta de nuevos contratos, el cese de los aportes del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y la zona gris en la que entró el proceso de privatización condicionado a la refinanciación de la deuda internacional de la compañía. Actualmente, IMPSA enfrenta una deuda superior a los 500 millones de dólares y una profunda incertidumbre sobre su futuro operativo y laboral.
Desde la UOM, el secretario general Luis Márquez confirmó a medios periodísticos que se concluyó la elaboración un cronograma de pagos que incluye lo adeudado y el aguinaldo, pero este depende de la aprobación del ministro de Economía, Luis Caputo, cuya respuesta se espera antes del fin de semana y después que sea refrendada en la Secretaria de Trabajo. El titular de la UOM local advirtió que la situación de los trabajadores es crítica, con atrasos en el cumplimiento de obligaciones personales como alquileres, servicios y compromisos financieros.
El futuro de la empresa también está marcado por las negociaciones de su privatización. ARC Energy, la firma estadounidense interesada en adquirir IMPSA, aún no ha presentado una propuesta definitiva que satisfaga al Gobierno nacional, ya que la empresa condiciona su oferta a la aceptación por parte de los acreedores de la propuesta de renegociación de la deuda cosa que hasta el momento no se ha logrado.
IMPSA, con 640 empleados, enfrenta no solo tensiones laborales, sino también desafíos estructurales que complican su operatividad. Los salarios de los trabajadores oscilan entre los 800 mil pesos y cifras de siete dígitos y el directorio de la compañía asegura que no puede sostenerlos sin aportes del estado nacional y provincial en su actual situación financiera.
La resolución del conflicto dependerá de las negociaciones en marcha y del avance en el proceso de privatización, proyectado para completarse recién en 2025, lo que mantiene en vilo a los trabajadores y al futuro de la histórica empresa.