La privatización de IMPSA sigue sumando postergaciones y conos de sombra en cuanto a información clara. Ahora, fuentes del gobierno de Javier Milei confirmaron a Sitio Andino que la fecha límite se corrió al 20 de diciembre.
El Gobierno nacional confirmó a Sitio Andino una nueva postergación de la definición de la privatización de IMPSA. La carta de un ex director de la empresa.
Ejecutivos de una de las multinacionales interesadas en la venta de Impsa conocieron cómo trabaja la planta
Foto: IMPSALa privatización de IMPSA sigue sumando postergaciones y conos de sombra en cuanto a información clara. Ahora, fuentes del gobierno de Javier Milei confirmaron a Sitio Andino que la fecha límite se corrió al 20 de diciembre.
El silencio sobre las negociaciones, ya sea entre el Gobierno Nacional y Arc Energy, y entre esta y los acreedores, es la moneda corriente de estos días, pero las continuas postergaciones al cierre definitivo de la adjudicación dan idea de las dificultades que tiene el proceso.
Mientras tanto, en el Gobierno provincial miran desde lejos y, de alguna manera, están atados a lo que decidan Nación y la empresa norteamericana. Claro que el problema mayor lo tendrá Mendoza si las negociaciones no llegan a buen puerto.
Mientras tanto, el exdirector de IMPSA, Julio Totero, difundió anoche una carta abierta a la sociedad y al Gobierno de Mendoza, donde asegura que: “A más de 100 años de la fundación de IMPSA por la familia Pescarmona, IMPSA es el resultado del trabajo y esfuerzo en una Argentina industrial, que genera valor agregado y ha exportado el 85% de su producción; emplea de manera directa a más de 650 personas y da trabajo a más de 100 PyMES nacionales. Su desarrollo tecnológico es reconocido a nivel mundial: la empresa lleva instalados más de 50.000 MW (más de 1,5 veces la potencia hidroeléctrica de Argentina) en más de 40 países, además de 300 grúas portuarias ”.
Como explicamos en Sitio Andino, las grúas portuarias son una de las unidades de negocio más atractivas para la empresa norteamericana.
Totero, además dirigente del sector industrial de Mendoza, asegura en su escrito que luego de: “La toma de control por parte de sus acreedores en 2018, y ante la imposibilidad de concretar su venta en el contexto de crisis económica de aquellos años, la capitalización por parte del Estado nacional y de Mendoza en 2021 fue un puente necesario para recomponer su capital de trabajo, consolidar su operación en Argentina, ganar proyectos y luego, en 2023, proceder a vender las acciones de los gobiernos a privados”.
Para luego agregar que: “El objetivo establecido entonces fue dotar a la empresa de un flujo de contratos que le permitieran mantener sus operaciones, su personal clave y su know how para posteriormente vender sus acciones a inversores privados y así volver a competir en los mercados que lideró durante décadas. De este modo, se dio continuidad a una industria única en la región por su tecnología y su protagonismo en el sector energético. En todo momento el objetivo fue volver a exportar y generar así las divisas que el país necesita ”.
El dirigente industrial destaca que: “Entre 2021 y 2023, IMPSA obtuvo contratos por 340 millones de dólares en Argentina y Estados Unidos. Algunos de los clientes de IMPSA eran financiados a través de acuerdos que celebraron con el Estado nacional para el desarrollo de proyectos de energías renovables ”.
Totero descarga la culpa de la situación actual de IMPSA en el gobierno de Javier Milei, que busca privatizar la empresa, y afirma que: “Al asumir el actual gobierno, dichos financiamientos (al igual que las restantes obras públicas previstas) fueron cortados de cuajo. De esta forma, se cancelaron importantes contratos en marcha (incluyendo los pagos por trabajos ya realizados), como por ejemplo: Parque Fotovoltaico Arauco, equipamientos para Fabricaciones Militares, rehabilitación de la Central Hidroeléctrica Río Grande, Central Hidroeléctrica El Tambolar, entre otros. Con esto, el flujo de IMPSA, que se preveía positivo para todo 2024, se vio reducido a su mínima expresión ”.
Agrega que también colaboran en este cuadro: “Las restricciones a las importaciones, que impidieron a IMPSA adquirir los insumos necesarios para avanzar en el cumplimiento de los hitos previstos en sus contratos y cobrar así los avances de obra correspondientes”.
El exdirector de la compañía mendocina afirma que: “Esta cancelación abrupta de contratos, la suspensión de pagos adeudados y las dificultades para avanzar en el cumplimiento de los contratos que continúan en vigencia han generado a la compañía un importante déficit financiero ” y reafirma que desde que asumió Javier Milei, el Estado nacional no ha aportado un solo peso de subsidio a IMPSA, que continuó operando y pagando sus salarios con los escasos recursos propios generados en el contexto descripto y con las dificultades que hicieron públicas en los últimos días.
Totero acusa al Gobierno nacional de ser el dilatante de la posible solución mediante la privatización y traza en su escrito una perfecta historia de lo que pasó estos meses, asegurando que: “A diferencia del gobierno de Mendoza, que insistió en la realización de un rápido proceso, y a pesar de las urgentes necesidades de caja, el gobierno nacional, en lugar de avanzar en un proceso de rápida capitalización (al que podía invitarse fácilmente a participar a todo tercero interesado, dando transparencia y celeridad a todo el proceso), decidió demorar la cuestión, para darle la forma de una venta de acciones y poder publicitarla como ‘la primera privatización de la era Milei’ ”.
Totero agrega que luego desde el Gobierno Nacional “Diseñaron un largo proceso de carta de intención con mejoramiento de oferta, dieron acceso a información confidencial de IMPSA a competidores y a otros terceros no interesados en su compra y, cuando se cumplieron los plazos previstos, cambiaron todo el esquema para armar desde cero una ‘licitación pública’ de las acciones ”.
El escrito del empresario mendocino asegura que “A pesar de haberse presentado sólo una oferta (NdR: la misma de siempre, Arc Energy), el ‘Comité Evaluador de Ofertas’ sigue sin pronunciarse sobre su aceptación. Por otra parte, como siempre se supo, la oferta está condicionada a la reestructuración de la deuda financiera de IMPSA ”.
“Esta demora de más de 7 meses que el gobierno ha impuesto a un proceso que era urgente y de fácil solución, sin posibilitar a IMPSA contar con un flujo de fondos razonable durante ese tiempo ni otorgándole algún financiamiento que permitiera su continuidad durante el plazo de dichas demoras, llevó a que la empresa se quedara sin caja y, al día de la fecha, no pueda pagar los salarios de sus empleados, llevándola a una situación de virtual cesación de pagos y poniendo en riesgo su proceso de venta, la continuidad de sus operaciones, la preservación de la tecnología y el know how desarrollados durante más de 100 años, los empleos de más de 650 personas y la subsistencia de las PyMEs afectadas ”, asegura Totero.
El exintegrante del Directorio cierra afirmando que “IMPSA no es una empresa estatal ni es fondeada con el presupuesto nacional. Es una empresa privada en la que el Estado adquirió circunstancialmente la mayoría de las acciones, pero que desarrolla sus operaciones y compite en el mundo con otras empresas del mercado. Al privilegiar un eslogan de campaña por sobre una solución concreta y encerrarse en concepciones dogmáticas sin comprensión de la realidad, Argentina corre el riesgo de perder a un jugador tecnológico clave, con un perfil único en la región y exportador de bienes de capital de alta tecnología, afectando además a más de 30 proyectos, muchos de ellos de gran importancia estratégica para el país ”.
La pregunta que subyace en la carta abierta de Julio Totero es la misma que se hacen cientos de actores del sector: ¿El Gobierno nacional quiere vender IMPSA o el objetivo es destruirla y sacar un competidor importante del mercado internacional que molesta a grandes jugadores globales?