La Vendimia dejo como dato el fuerte reclamo empresarial por la carga y diversidad de impuestos. Un informe de la Fundación Mediterránea.
Lo que dejó la Vendimia: impuestos y competitividad, el gran reclamo empresario.
Durante el reciente foro empresario y las actividades institucionales de la Vendimia, un reclamo cruzó todas las opiniones e intervenciones de empresarios y cámaras de todos los sectores: la competitividad y el reclamo por la carga y multiplicidad de impuestos de las diversas actividades productivas.
Tras alcanzar el equilibrio fiscal en 2024, tanto a nivel nacional como en varias provincias, la discusión parece trasladarse a cuándo el Ejecutivo Nacional comenzará a cumplir sus promesas de reducción significativa de la carga impositiva.
De hecho, es un cambio importante de agenda escuchar al empresariado durante la Vendimia no reclamar devaluación, sino recuperar competitividad mediante la reducción de la carga impositiva.
Con esta coyuntura como marco, la Fundación Mediterránea presentó un informe de Marcelo Capello y Nicolás Cámpoli, donde, en la misma línea, remarca que la sostenibilidad de la deuda pública, la eficiencia del gasto, la simplificación administrativa y la reducción de la presión fiscal serán los pilares sobre los que se deberá basar el futuro económico del país.
El informe remarca que estos objetivos, aunque ambiciosos, son esenciales para garantizar un crecimiento sostenido y mejorar la competitividad de la economía argentina en un contexto global cada vez más desafiante.
En medio de la negociación con el FMI, la Fundación Mediterránea sostiene que uno de los principales retos será mantener la sostenibilidad de la deuda pública a través de un superávit fiscal primario.
En otras palabras, esto implica que el Estado deberá generar suficientes ingresos o profundizar la velocidad de la motosierra en los recortes y el ajuste que viene llevando a cabo el gobierno de Javier Milei.
El informe remarca que este equilibrio es crucial para restablecer la confianza de los inversores y garantizar la estabilidad macroeconómica a largo plazo. Quizás un dato para tener en cuenta en este punto es que ni el informe de la Fundación Mediterránea ni las declaraciones de las distintas cámaras empresariales parecen tomar nota de la fragilidad del superávit fiscal que proclama el Gobierno, que tiene dos partes: una sólida, el ajuste feroz sobre el Estado y salarios, y una muy endeble, la contabilidad creativa que utiliza para despejar variables (como los intereses de la deuda) y lograr que las cuentas den en azul.
El informe advierte que el gobierno deberá evitar caer en la tentación de aumentar el gasto público de manera desmedida, especialmente en un contexto de año electoral, donde las presiones sociales y políticas podrían empujar hacia una expansión fiscal.
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La Fundación advierte que la eficiencia del gasto público será otro de los ejes centrales de la agenda fiscal. El objetivo no solo es contener el crecimiento del gasto por debajo de la inflación, sino también mejorar su composición interna. Esto significa que algunas partidas presupuestarias deberán aumentar por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que otras deberán reducirse. La clave estará en priorizar aquellas áreas que generen un mayor impacto en la productividad y el bienestar social, como la educación, la salud y la infraestructura.
Paralelamente, la simplificación administrativa será fundamental para agilizar los trámites estatales y reducir la burocracia que afecta tanto a ciudadanos como a empresas. Un Estado más ágil y eficiente no solo mejorará la calidad de los servicios públicos, sino que también fomentará la inversión privada y el emprendimiento, dos elementos clave para impulsar el crecimiento económico.
El diagnóstico es claro, aunque para otros analistas surgen dudas de si el Ejecutivo podrá llevar adelante completamente sus políticas.
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El informe de la Fundación Mediterránea, en sintonía con los reclamos empresarios, remarca que uno de los desafíos más urgentes será reducir la presión fiscal, especialmente en un contexto donde muchos impuestos distorsivos siguen afectando la competitividad de la economía. Entre los tributos que requieren una revisión inmediata se encuentran los Derechos de Exportación (DEX), el impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (IDCB), el impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH). Los especialistas destacan que estos impuestos no solo generan distorsiones en el mercado, sino que también desincentivan la inversión y el consumo.
Según el informe, el peso de los impuestos más distorsivos en la economía argentina ha aumentado significativamente en los últimos años, pasando de representar el 7,9% del PIB en 2015 al 8,6% en 2024. Sin embargo, se proyecta que esta cifra disminuirá al 7,6% en 2025, gracias a la eliminación del impuesto PAÍS y a una reducción transitoria en los DEX. Para consolidar esta tendencia, será necesario un acuerdo fiscal entre la Nación y las provincias, con el objetivo de eliminar progresivamente los impuestos más dañinos y reemplazarlos por tributos más eficientes.
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Mientras la tragedia de Bahía Blanca y las tormentas en el Norte argentino desataron la polémica sobre la decisión del Gobierno de desarticular toda la obra pública, el trabajo de la Fundación destaca que otro de los desafíos prioritarios será incrementar la inversión en infraestructura, tanto pública como privada. En 2024, la inversión total en Argentina se situó en el 16% del PIB, una cifra insuficiente si se compara con el 25% que se necesita para impulsar un crecimiento económico sostenido. En particular, la inversión pública ha sido una de las partidas más afectadas por los recortes presupuestarios, cayendo al 1,3% del PIB en 2024, frente al 2,6% registrado en 2022 y 2023.
La conclusión del trabajo remarca que, para revertir esta situación, será necesario aumentar la inversión en infraestructura en los próximos años, ya sea a través de fondos públicos o mediante esquemas de Participación Público-Privada (PPP). Sin embargo, la implementación de estos últimos enfrenta obstáculos significativos, como la complejidad del marco regulatorio y la limitada capacidad institucional del Estado para diseñar y supervisar proyectos de gran envergadura. Y utiliza como ejemplo claro de estos desafíos la fallida licitación de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, que puso en evidencia las dificultades que enfrenta Argentina para llevar adelante proyectos de infraestructura de manera eficiente.
Para la Fundación, nacida en Córdoba, la clave estará en mantener el equilibrio fiscal, optimizar el gasto público, reducir la presión tributaria y aumentar la inversión en infraestructura, medidas que, según los especialistas, combinadas con una simplificación administrativa y una mayor eficiencia en la gestión estatal, sentarán las bases para un crecimiento económico sostenido y una mejora sustancial en la competitividad del país.