El futuro de IMPSA se encuentra en un momento decisivo. Antes de fin de año, el gobierno nacional buscará cerrar las negociaciones con ARC Energy, la única interesada en adquirir el control de la compañía mendocina.
La privatización de la empresa enfrenta semanas decisivas, mientras el gobierno nacional y la firma interesada negocian condiciones para el traspaso accionario.
Qué pasarça con la privatización de IMPSA
El futuro de IMPSA se encuentra en un momento decisivo. Antes de fin de año, el gobierno nacional buscará cerrar las negociaciones con ARC Energy, la única interesada en adquirir el control de la compañía mendocina.
Las tratativas de la primera privatización bajo el mandato de Javier Milei se han complicado debido a las estrictas condiciones planteadas por la firma estadounidense.
Desde que ARC Energy presentó su oferta en octubre, las autoridades nacionales y mendocinas manifestaron su descontento.
Entre las principales exigencias de la empresa se destacan la renegociación de contratos con el Estado, la reestructuración de una deuda cercana a los 600 millones de dólares y cambios en el régimen de importaciones temporales, un aspecto clave para la exportación de turbinas a Venezuela.
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Pese a estas diferencias, las negociaciones continúan. Mientras el gobierno nacional busca condiciones más favorables, ARC Energy confía en cerrar el acuerdo, respaldada por la urgencia de la Nación y Mendoza para desprenderse de las acciones y la presión de los trabajadores que enfrentan atrasos salariales.
IMPSA atraviesa una situación financiera crítica, con dificultades para pagar los salarios de sus más de 600 empleados. En un intento por aliviar las tensiones, el gobierno nacional desembolsó tres millones de dólares recientemente para garantizar el pago del medio aguinaldo y los próximos sueldos.
Mientras tanto, ARC Energy asegura tener un plan de negocios listo para reposicionar a la empresa en el mercado internacional. Sin embargo, sus demandas, vistas por algunos como excesivas, incluyen una reestructuración de deuda que involucra al Banco Nación, uno de los principales acreedores de la empresa fundada por la familia Pescarmona.
Aunque el 63,7% de las acciones de Impsa pertenece al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, Mendoza controla el 21,2%. El gobernador Alfredo Cornejo reconoció que la Nación lidera el proceso, pero afirmó que su administración se mantiene involucrada y al tanto de las discusiones.
Por su parte, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) intenta equilibrar las demandas de los trabajadores con la realidad crítica de la empresa. Las recientes protestas por los atrasos salariales reflejan la incertidumbre que se vive dentro de la compañía.
El gobierno de Milei enfrenta un difícil panorama: aceptar las condiciones de ARC Energy o declarar desierta la licitación, arriesgándose a que no haya nuevos interesados en el corto plazo. Mientras tanto, la posibilidad de un cierre definitivo de IMPSA se mantiene como una amenaza latente.
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