Luego de las medidas cautelares aplicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cárceles de Mendoza, este jueves se logró algo clave.
Histórico: Mendoza acordó levantar las medidas cautelares de la CIDH en las cárceles
La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, y el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, participaron en una audiencia de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 191° período ordinario de sesiones. En la audiencia, trataron los avances sobre las medidas cautelares aplicadas en complejos penitenciarios de la provincia de Mendoza.
El encuentro con la CIDH se realizó en el edificio GSB de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington DC (Estados Unidos). Durante esta reunión, las autoridades mendocinas presentaron el acuerdo alcanzado con el peticionante Carlos Varela, en el que ambas partes solicitaron el levantamiento de las medidas cautelares impuestas en 2014.
“Este acuerdo representa un claro reconocimiento al esfuerzo que ha realizado el Gobierno de Mendoza desde la primera gestión de Alfredo Cornejo. A través de acciones concretas en políticas públicas penitenciarias, junto con la mayor inversión en infraestructura de la historia y la sanción de leyes, reglamentos y protocolos, se ha logrado convertir al Servicio Penitenciario en un referente a nivel nacional, alineado con los estándares internacionales de derechos humanos”, detallaron Rus y D’Agostino.
Gracias a estas transformaciones, esenciales para un sistema de seguridad eficiente, que incluyen la construcción de más de 60.000 metros cuadrados de nuevas instalaciones penitenciarias y la adopción de un marco normativo con más de 60 resoluciones, Mendoza ha podido reducir el hacinamiento y fortalecer los servicios de salud y seguridad en los establecimientos penitenciarios.
En esta instancia, el abogado Carlos Varela Álvarez, quien en 2014 impulsó las medidas cautelares ante la CIDH, suscribió al pedido de levantamiento reconociendo las mejoras realizadas por la Provincia en los complejos de Almafuerte y San Felipe. Esto demuestra que los avances alcanzados por Mendoza están al nivel de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
“El acuerdo cierra un círculo, de recibir un Servicio Penitenciario sancionado internacionalmente a uno referente nacional como en el que se ha transformado ”, agregaron la ministra y el subsecretario. “Para ser eficiente en materia de seguridad es necesario un sistema penitenciario a la altura de una contención en el marco del Estado de derecho y de la producción de seguridad traducida en aprehensiones y detenciones”, afirmaron los funcionarios.
La solicitud de Mendoza para el levantamiento de la medida está convalidada por el Estado argentino a través de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y de la Dirección de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Al finalizar la audiencia, la ministra de Seguridad destacó que “es un gran logro haber podido presentar al comisionado de la CIDH este acuerdo y una exposición integral sobre la situación de Mendoza en materia penitenciaria. El Servicio Penitenciario mendocino es el más grande de todo el oeste argentino y referente nacional. Esto es sumamente importante si queremos ser efectivos en materia de seguridad. No puede haber producción de seguridad sin un sistema penitenciario legítimo que contenga detenciones. Hoy la Policia aprehende 15 personas por hora, no todo se judicializa, pero debe haber un sistema en regla que acompañe ese nivel”.
Por su parte, el subsecretario de Justicia evaluó: “Lo relevante es que este acta acuerdo que se presentó ante la CIDH demuestra que la situación fáctica por la cual dictaron las MC en el año 2014 ha cambiado y se han cumplido las recomendaciones por parte del Gobierno provincial en estos últimos 8 años de gestión. La situación en la que se encontraban los penales provinciales ha mejorado sustancialmente. Esto demuestra una verdadera política pública en materia de Servicio Penitenciario que ha sido reconocida y reflejada por nuestra parte ante la CIDH en esta reunión de trabajo y en la firma de este acuerdo que pide el levantamiento de las mismas”.
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