El hecho ocurrió en 2017 en Malargüe cuando una menor fue trasladada en una ambulancia sin supervisión médica.
Malargüe: juicio a médico que no estuvo en el traslado de una niña que murió.
La muerte de una niña de cuatro años en el traslado de una ambulancia desde Malargüe, ocurrida en 2017 y en la que no iba un médico que la asistiera, se resolverá esta semana en la justicia penal, aunque el fuero civil ya determinó hasta los montos que deberán pagar los acusados.
Al caso le queda sólo un acusado: justamente, el médico que es señalado por la Fiscalía como el responsable final del fallecimiento de la niña, el doctor Pedro Martín Sepud. Pero ya ha caído sobre él, sobre la médica que hizo mal el diagnóstico y demoró su internación, y contra el Ministerio de Salud, una sentencia del Juzgado Civil de Malargüe, por cifras millonarias en carácter de indemnización a los familiares de la víctima.
Llama la atención que el fallo civil haya tomado como pruebas para decidir el aspecto indemnizatorio, algunas testimoniales recibidas durante la instrucción de una causa criminal no concluida, que recién esta semana definirá la situación del médico en el juicio que le sustancia el juez del Tribunal Penal Colegiado, Jorge Yapur Meca. Y más sorprendente todavía es saber que a ninguna de las partes en el juicio de ahora se le ocurrió al menos ofrecer como prueba el expediente civil ya concluido.
Ailyn Cruceño fue llevada por sus papás a ser atendida por una médica en su consultorio privado que funcionaba en calle Inalicán de Malargüe, el 25 de setiembre de 2017. La fiebre, los vómitos y otros síntomas, tuvieron como única respuesta por parte de la doctora Yolanda Leonor Livadioti un diagnóstico erróneo de gastroenteritis que pretendió disipar recetándole ibuprofeno y moperidona.
Al día siguiente, Ailyn estaba peor e ingresó a las 11,40 al hospital de Malargüe en evidente mal estado general que, al ser evaluado por el médico de guardia, permitió descubrir un problema respiratorio que ameritaba urgentes estudios y medicación para el preocupante diagnóstico de neumonía de pulmón derecho, que ya comprometía los tres lóbulos.
El pediatra que estaba en el hospital José Orlando Barboza, precisó que vio un cuadro infeccioso que había consumido las defensas de la niña, y que el tiempo de evolución era de al menos cinco días. Por todo ello, ordenó que la trasladaran al hospital de Schestakow, en San Rafael, pero que fuera un médico en la ambulancia para ese recorrido de 200 km que podría tener complicaciones.
Y a las 15,30, le avisan que no encuentran médico de traslado; por lo que en diálogo con la licenciada Estela Guajardo, a cargo del hospital malargüino por ausencia de su director, Julio Montes, es que finalmente, tras varios llamados que Sepud no atendió, y viendo los resultados de laboratorio de la paciente, la envían con sus papás en ambulancia y sólo con el enfermero Enrique Vergara.
En el expediente penal hay varios testimonios, como el del empleado de planta del nosocomio que fue hasta la casa de Sepud y no lo encontró; y otros enfermeros y enfermeras que le realizaron varios llamados al celular, que no fueron atendidos.
Pero esas declaraciones sólo formaban parte de una instrucción formal, y recién la semana pasada fueron ratificadas en el debate que lleva adelante el juez Yapur Meca. Sin embargo, antes de este juicio, ya el juzgado civil, basado justamente en las primeras testimoniales, sentenció a Sepud y al hospital de Malargüe a pagar 25 millones de pesos más los intereses y costas que correspondan, en la demanda por daños y perjuicios que se siguió en su contra.
La causa civil también ordenó que la médica que hizo el mal diagnóstico inicial de Ailyn, pagara más de 37 millones, con extensión de tales efectos a Seguros Médicos S.A., citada en garantía en ese expediente.
Pero la causa penal es la que no se sabe cómo terminará, aun cuando ya la médica Livadioti admitió su responsabilidad en un juicio abreviado, por lo que se la condenó a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso, y 8 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina en todas sus ramas.
El tema ahora es el médico que se buscó para acompañar en la ambulancia: Sepud. Él nunca habló, ni en sede penal ni en el caso civil. Pero sus representantes han señalado que su guardia pasiva no violentada.
Es más, recién en el juicio penal ha sido descubierto que tenía como máximo una obligación contractual de acompañar cuatro traslados, según atestiguó Montes, el ex director del hospital de Malargüe.
La cuestión es que en la etapa instructoria penal no han sido señalados con precisión estos aspectos tan trascendentes para determinar o deslindar una eventual responsabilidad final de Sepud, acusado, como ya señaló, de homicidio culposo y omisión de los deberes de funcionario público.
Para ello, el juez Yapur Meca deberá dar respuesta en su fallo a cuestiones tales como si Sepud estaba ante una situación típica generadora del deber de actuar, o si tenía a su cargo una posición de garante; es decir, si estaba obligado a estar en esa ambulancia en el traslado, que es justamente el asunto que cuestiona su abogado defensor, Javier García
En el caso de que el magistrado entendiera que en efecto Sepud estaba obligado a acompañar a la niña, deberá decidir si al no realizar la acción mandada (acompañar a la criatura) y al estar en condiciones de hacerlo (nunca esgrimió imposibilidad alguna), tuvo participación en el resultado que fue la muerte que finalmente se produjo cuando la niña ya iba por la Cuesta de Los Terneros a menos de media hora de llegar al hospital.
El nexo de evitación de esa muerte es el asunto más difícil de dilucidar en el juicio porque el magistrado deberá tener la certeza de que en el caso que el médico hubiese estado en la ambulancia, se hubiera logrado mantener con vida a la criatura.
Para el juez civil, siempre apoyado en las declaraciones previas al juicio penal, hubo “diferentes conductas que afectaron las chances de sobrevida de la niña”, mencionando entre ellas “el error de diagnóstico y de tratamiento” por parte de la médica Livadioti, junto con el comportamiento atribuido a Sepud de no cumplimiento de la guardia pasiva, pero sin ahondar en pruebas instrumentales que esclareciesen sus obligaciones contractuales con el Ministerio de Salud.
En efecto, para el juez civil fue suficiente haber recabado las declaraciones de una causa penal en trámite donde se señalaba que no pudieron encontrar a Sepud para informarle del traslado y citó frases tales como que “ya en reiteradas veces se hace de ir a buscarlo porque no atiende el teléfono”, como dijo el responsable de UTI en el hospital de Malargüe o que “no es la primera vez que estando de guardia no atiende el teléfono o que lo van a buscar y no está en su casa”, como señaló otra enfermera
Ahora bien, no sólo en esto radica la duda respecto a qué sentencia final habrá este lunes en la causa penal, ya que quedó en evidencia en ambos expedientes, que Ailyn no tenía elevadas chances de sobrevida.
Por lo que se deberá determinar si la presencia del médico, capacitado para maniobres de RCP y aplicación de medicamentos, habría permitido dejarla con vida en manos de los galenos del hospital en San Rafael, donde llegó fallecida, como se señaló ya.
La respuesta a esta pregunta es la que definirá el futuro del médico en una causa donde no sólo quedó en el tapete la conducta de médicos, sino las deficiencias de un sistema de salud que tuvo que ser fuertemente modificado por el estado provincial.