Ignacio Yacobucci deja el cargo que asumió poco menos de un año atrás, en medio de fuertes cuestionamientos del Ejecutivo a medidas y acciones adoptados en su gestión.
El Gobierno desplazó este jueves al titular de Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, en medio de fuertes cuestionamientos internos. En la Casa Rosada criticaban su gestión al frente del organismo antilavado por sus movimientos en causas que consideran emblemáticas y apuntaban que le hicieron “reiterados llamados de atención por los abultados gastos del área”.
Tras el desplazamiento, que le comunicó a Yacobucci el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el gobierno ofreció el cargo al fiscal federal Paul Starc, quien lo aceptó. El cambio tiene lugar en medio de gestos cruzados entre los libertarios y el kirchnerismo en la antesala de las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzarán la semana próxima y tendrán como uno de sus debates principales los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para sumarse a la Corte Suprema de Justicia.
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De carrera judicial, el fiscal Starc -que ejerce en el departamento judicial de San Martín- tuvo su paso por los tribunales de Comodoro Py y también por el gobierno bonaerense, en tiempos de Daniel Scioli como gobernador y de Carlos Stornelli como ministro de Seguridad.
Stornelli fue quien llevó a Starc a la subsecretaría de Inteligencia Criminal, en la cual estaba cuando lo salpicó el escándalo del caso Pomar. Corría 2009 y la investigación para encontrar a la familia que desapareció mientras viajaba rumbo a Pergamino terminó en un bochornoso resultado, que mostraba que los cuatro integrantes estaban muertos al costado de la ruta y no habían sido encontrados en 20 días de investigación. Más recientemente investigó la causa por la que procesaron a Martín Poderti, integrante del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, por robar monedas de oro.
Según publica La Nación, para justificar el desplazamiento de Yacobucci, en el Gobierno afirmaron que la UIF “no debería ser querellante necesariamente en ninguna causa”, algo que el extitular del organismo antilavado buscó hacer en algunas oportunidades. En la Casa Rosada aseguraron que “para eso están los fiscales”, a lo que sumaron que “los últimos gobiernos lo vienen utilizando con total discrecionalidad”. Y se preguntaron: “¿Por qué la UIF es querellante en unas causas y en otras no?”.
Uno de los expedientes que generan roces en la administración libertaria es Hotesur-Los Sauces, que tiene como acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en la que la UIF es querellante. Otra de las causas en las que el Gobierno objeta la participación del organismo antilavado es la de los cuadernos de las coimas, además de una querella contra Martín Insaurralde.
En este último caso, trascendió que a Yacobucci “le bloquearon las claves” antes de que pudiera hacer una presentación contra Insaurralde, a quien iba a requerir su declaración indagatoria. En la misma línea se indicó que un importante funcionario del gobierno fue receptivo con un pedido que le hizo llegar una figura muy cercana a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Pero en la Casa Rosada explayaron este jueves otros argumentos para justificar el desplazamiento de Yacobucci. “En diversas ocasiones llamaron la atención las enormes comitivas y los viajes en primera clase. Desobedeció la política de austeridad del Gobierno ”, abundaron fuentes del Poder Ejecutivo. A eso le sumaron críticas a la gestión de Yacobucci, en especial ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el que la administración libertaria tenía especial interés. Su trabajo en ese sentido fue calificado como “pésimo”, a pesar de que la Argentina evitó este año caer en la “lista gris” del organismo.
“Tanto es así que tuvo que ser relegado al rol de coordinador”, dijeron desde la administración nacional donde no ahorraron críticas para justificar la decisión de removerlo un año después de su designación en el cargo. Agregaron que “la gota que rebalsó el vaso fue un intento de viaje a fin de año a Paraguay, que nuevamente fue en primera clase y con una comitiva enorme”. Las fuentes gubernamentales sostuvieron que “es el momento adecuado para que lo echen, dado que terminó la evaluación del GAFI en diciembre y necesitamos gente idónea para implementar rápidamente todas las medidas que exige el organismo”.
Fuente: La Nación