El Ministerio de Capital Humano denunció, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los presuntos delitos de estafa, defraudación al Estado y falsedad ideológica.
La cartera a cargo de la ministra Sandra Pettovello sostiene que la expresidenta obtuvo beneficios previsionales al haber declarado un domicilio en zona austral.
El Ministerio de Capital Humano denunció, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los presuntos delitos de estafa, defraudación al Estado y falsedad ideológica.
La denuncia penal presentada este martes sostiene que la titular del PJ obtuvo beneficios previsionales al haber declarado un domicilio en "zona austral", cuando residía en la Ciudad de Buenos Aires durante sus dos mandatos presidenciales.
En un comunicado emitido por la cartera a cargo de la ministra Sandra Pettovello, el suplemento cobrado a raíz dicha modificación en el domicilio de la exmandataria, habría generado "un perjuicio fiscal a la Anses", por lo que, además, el organismo solicita ser parte querellante en la causa.
En la denuncia presentada, "se recuerda que la Bonificación de Zona Austral no se trata de una prestación de naturaleza previsional, sino que el derecho a su cobro está generado exclusivamente por la residencia efectiva o radicación real en las zonas o provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires", detalla el comunicado.
Luego agregaron que "en el caso de la Sra. Fernández de Kirchner, es de público y notorio conocimiento, que su residencia estuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período de cobro de ambas asignaciones, mientras se desempeñaba, primero como senadora por la Provincia de Buenos Aires (10/12/2017 – 10/12/2019) y luego como vicepresidente de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023)".
De esta manera, para el ministerio de Capital Humano, el hecho constituiría "una conducta penalmente reprochable, con perjuicio para la Anses y el erario público, que deberá ser determinado a partir de las tareas investigativas solicitadas".