El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, se refirió al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza.
El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, se refirió al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza.
El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, habló este viernes sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia que permitirá revisar pases a planta realizados en la gestión de Francisco Pérez y aseguró que el Ejecutivo estudiará "uno por uno" los casos.
Durante la presentación del proyecto de ley para disolver el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) en la Legislatura, el funcionario aprovechó para referirse al tema.
"Para nosotros es una excelente noticia. Venimos trabajando en ese sentido de hace un tiempo. Por alguna paritaria se había determinado que más de 7.500 contratados pasen a planta y así se desvirtúa la carrera administrativa", señaló.
Mema sostuvo que "una de las mejores formas de eficientizar es que las o los mejores ingresen al Estado a través de concurso". "Venimos en una línea de tener cada vez menos empleados dentro de la normativa que lo permite", aseguró.
"Más del 97% del personal público brinda servicio directo con la ciudadanía. El foco está puesto en menos de 4 mil personas que es la parte administrativa y creemos que hay que seguir profesionalizando", resaltó.
Asimismo, explicó cómo trabajará la Provincia tras el fallo. "La Corte decide sobre una ley que autoriza una paritaria en la gestión de Paco Pérez. Se van a revisar los casos uno por uno. Habrá un fuerte trabajo del área de Recursos Humanos", indicó.
"No es un derecho adquirido porque nunca estuvo firme. Veremos la situación legal de cada uno", cerró.
A casi diez años de la promulgación de la Ley 8.798, que homologó una serie de acuerdos paritarios en los que el gobierno de Francisco “Paco” Pérez acordó con los diversos gremios el pase a planta permanente al Estado provincial de unos 5 mil agentes, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza la consideró inconstitucional.
La norma generó un fuerte debate por entonces en la Legislatura, cuando la oposición votó en contra del proyecto que ratificaba los decretos que -además de avalar los aumentos salariales acordados por los sindicatos estatales- validó el ingreso a planta de todos los trabajadores contratados al 31 de diciembre de 2014.
Más allá de los cuestionamientos opositores (que en ese año armarían el Frente Cambia Mendoza y se impondrían en las elecciones), la Fundación Centro Latinoamericano de Derechos Humanos presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal, que lo resolvió casi una década después.
Fue la Sala Primera -integrada por los jueces Pedro Llorente, José Valerio y Omar Palermo- la que resolvió hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad, ya que si bien consideró contrario a la “ley suprema” el artículo 1º de la 8.798 (que homologó los pases a planta), no así todos los actos administrativos que se produjeron tras la promulgación de esa Ley. El tercero de los magistrados votó en disidencia que sus pares.