El Ministerio de Seguridad de la Nación presentará el próximo lunes una denuncia contra Karina Andrade, la jueza que tuvo a cargo la situación legal de las personas detenidas durante la marcha en defensa de los jubilados del último miércoles en el Congreso de la Nación y que decidió liberar a todas las personas horas después, durante la madrugada del jueves.
A través de Fernando Soto, director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, la cartera que conduce Patricia Bullrich la acusará por sospecha de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de prevaricato, un delito que se comete cuando un juez, funcionario o abogado dicta resoluciones contrarias a la ley.
El Gobierno considera que Andrade actuó en base a sus opiniones y no siguiendo la ley cuando decidió mandar a sus casas a los 114 detenidos durante la marcha en defensa de los jubilados frente al Congreso.
Andrade habló en las últimas horas en diversos medios y explicó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional.
“Mi sentencia dejó claro cuál es el abecé de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, respondió y citó al constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un ‘derecho baluarte' del sistema democrático”./Infobae