El Gobierno nacional dio de baja la jubilación de privilegio de Cristina Fernández
El gobierno de Javier Milei dio de baja la jubilación de privilegio que percibía la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su pensión por viudez.
El Gobierno nacional dio de baja la jubilación de Cristina Fernández de Kirchner.
Luego de que Casación confirmara su condena, este jueves el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que se dará de baja la jubilación de privilegio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la pensión que percibía por ser viuda del, también ex mandatario, Néstor Kirchner.
Según expresó el portavoz de Javier Milei en su habitual conferencia de prensa, “la Argentina de Milei no va a destinar fondos a una personada condenada por corrupción”. Además, puntualizó que esta medida “significa un ahorro de unos 21.827.624 pesos” para los ciudadanos.
Además, el vocero confirmó la anulación de la pensión correspondiente al expresidente Néstor Kirchner, sumando así un ahorro aún mayor para las arcas públicas. “La jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”, completó.
El comunicado del Ministerio de Capital Humano
En un comunicado compartido por el Ministerio de Capital Humano -cartera de la que depende el organismo a cargo del pago de jubilaciones y pensiones, ANSES- explican que “Frente a la reciente confirmación por la Cámara de Casación Penal de la condena a Cristina Kirchner a la pena de seis (6) años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el gobierno del Presidente Milei (...) resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la ex Presidente venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión”.
No obstante, desde la cartera aclararon que “la baja dispuesta por Resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Y concluyeron: "Es preciso destacar la ejemplaridad que la pérdida de estos privilegios tiene para la sociedad entera y para la clase política que debe recuperar los valores éticos e institucionales que supieron cultivar nuestros próceres y padres fundadores”.