La Legislatura aprobó el plan para del Estado para salirse de la empresa emblema de Mendoza, tras un salvataje millonario. La cesión de acciones será "gratis". Los detalles de la primera privatización de la era Milei.
Por votación ajustada, el Senado convirtió en ley la privatización de IMPSA.
Foto: Cristian LozanoEste martes la Legislatura Mendoza aprobó la cesión de acciones de IMPSA, en lo que será la primera privatización de la gestión de Javier Milei. De qué se trata el plan para desprenderse de la participación provincial sin cobrarle un peso al privado que se haga cargo.
Este paso se da luego de que en 2021 el gobierno nacional de Alberto Fernández y el provincial con Rodolfo Suarez se hicieran cargo de la mayoría accionaria de la empresa emblema de la Provincia de Mendoza, Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA), un salvataje que le costó al gobierno nacional U$S20 millones, ya que se hizo cargo a través de ATN de los U$S5 millones que le correspondían al gobierno mendocino.
Ahora, buscan desprenderse de este paquete accionario, sin costas. Es decir que el privado que tome las acciones no deberá pagarle nada al Gobierno (ni nacional ni provincial), sino hacerse cargo de la deuda de la empresa.
El proyecto del Ejecutivo que habilita a la provincia a transferir las acciones de la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA) logró el aval de la Cámara de Senadores en mayoría: 19 votos a favor y 16 en contra; con oposición del senador del Partdo Verde, Dugar Chappel; y de parte de La Unión Mendocina y del PJ.
El senador demócrata Armando Magistretti acompañó, pero con fuertes críticas. "Todo lo que toca el Estado lo destruye. Ha demostrado su ineficiencia", dijo al respecto y agregó que se trató de "un derroche de fondos públicos esta estatización".
"No estamos hablando con el diario del lunes, como el gobernador que ahora dice que IMPSA nunca debería haber sido estatizada. Nosotros hablamos con el diario del viernes: la diputada Mercedes Llano (ocupaba una banca en la Legislatura cuando se aprobó el salvataje) lo manifestó en 2021, oponiéndose en soledad al proyecto", señaló.
En tanto, el senador del PJ, Félix González aclaró que "Mendoza no puso un peso y fue convocada para entrar en el salvataje por el Gobierno Nacional porque no quería hacerse cargo solo". "El objetivo fue que iMPSA no se fuera de Mendoza, sostener a los trabajadores y mantener la red de pymes. Por eso entramos en ese negocio, en esa participación".
Si bien acompañó la aprobación de la cesión de acciones, cuestionó que no se establezcan condiciones. "Tendría que condicionar que siga teniendo sede en Mendoza, un plan para los trabajadores calificados y mantener el entramado de pymes. Que el privado que venga plantee cÓmo van a hacer esas cosas", sostuvo.
Mientras que desde LAU, Valentín González cuestionó la cesión "gratuita" y se enfocó en los U$S5 millones que la Nación puso por Mendoza: "No es válido el fundamento de que la provincia no puso dinero porque en definitiva alguien los puso", dijo.
"Se podrían hacer construido 125 casas", dijo en relación al anuncio de días atrás de construcción de viviendas en San Martín y Guaymallén.
Por su parte, la radical Natacha Eisenchlas aseguró que hay cuatro interesados en adquirir esas acciones: "Tan malo no fue el salvataje", lanzó.
La empresa había solicitado la asistencia del Gobierno Nacional a través del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, debido a “la grave falta de capital de trabajo y el riesgo en la continuidad de sus operaciones, pago de salarios, contribuciones e impuestos, entre otros".
La asistencia requerida tuvo por finalidad permitir a la empresa asegurar la continuidad de sus operaciones, mantener la fuente de empleo para sus más de 720 empleados propios y las más de cien PYMES con las que trabaja, conservar las tecnologías desarrolladas durante su historia y contar con el capital de trabajo necesario para mantener sus operaciones.
Para ello, el Gobierno Nacional solicitó que la Provincia también fuera parte de esta operatoria. La condición bajo la que accedió la Provincia a formar parte de esta operación fue “que el Gobierno Nacional integre la totalidad del monto comprometido, razón por la cual envió un Aporte del Tesoro Nacional, de U$S5 mllones.
El gobernador Alfredo Cornejo admitió días atrás: "Esta empresa nunca debió dejar de ser privada y nunca debió caer en estas circunstancias", aseguró.
"Hemos venido acompañando este proceso todo el tiempo trabajando mancomunadamente la Provincia y la Nación, en este intento de salvar a esta compañía. Viene con dificultades desde el 2010, no son nuevas estas dificultades, pero se agravaron por las condiciones macroeconómicas del país. Hoy con un cambio abrupto y, en mi criterio, positivo de manejo de la economía argentina", consideró el primer mandatario.
Cornejo aseguró que esta empresa debe operar bajo la lógica privada y reestructurar su deuda para obtener nuevos contratos. Asimismo, dejó en claro que la opción estatal está descartada y dijo que se requieren autorizaciones legislativas para vender las acciones provinciales, que se adquirieron con un aporte de 5 millones de dólares.
Según el Gobernador, esto permitirá que la compañía vuelva a tener contratos importantes y a producir: “Para eso es muy relevante que las acciones pasen a manos privadas y que el dueño de esa empresa reestructure su deuda y pueda conseguir nuevos contratos”. Es más, aseguró que, paralelamente a la venta de una empresa, que se da en el marco de la Ley Base y de la legislación vigente, “necesitamos autorizaciones legislativas para enajenar, vender las acciones que son propiedad de la Provincia”.
Impsa exporta el 85% de su producción y tiene presencia en más de 40 países al generar equipamiento para la industria de petróleo y gas, energía hidroeléctrica, nuclear, eólica y solar fotovoltaica. Entre sus proveedores, figuran YPF, Enarsa, las Fuerzas Armadas, Fortescue, el Ejército de EE.UU, Dioxitec, Nucleoeléctrica, Yaciretá y el CAREM, el primer proyecto de reactor nuclear argentino.
El Gobierno nacional tiene el 63,72% de las acciones de la metalmecánica desde la estatización de la compañía en 2021. Mendoza tiene el 21,2% -cesión con media sanción en la Legislatura mendocina-. El resto de las acciones se reparten entre un fondo de acreedores con un 9,78% y la familia Pescarmona, que conservan un 5,26%.
El martes pasado el oficialismo no logró los 2/3 de votos para conseguir el estado parlamentario; y se espera que hoy se trate. Se descuenta que será ley.
Así, Mendoza podrá transferir 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de la empresa.
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