Tras la triste experiencia del último miércoles, el oficialismo diagramó una nueva estrategia para controlar la nueva manifestación convocada para mañana. Los detalles.
Cambiará el operativo policial para la marcha de este miércoles
A pocas horas de una nueva marcha de jubilados, el Gobierno decidió modificar su estrategia de seguridad y no aplicará el protocolo antipiquetes. En esta ocasión, las fuerzas federales se ubicarán detrás del vallado en las inmediaciones del Congreso para evitar el contacto directo con los manifestantes.
La Casa Rosada sostiene que se avanzará con un esquema de prevención y reforzará los controles en accesos ferroviarios y viales a la Ciudad de Buenos Aires a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
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Este martes, la cúpula de Seguridad del Gobierno y funcionarios cercanos al presidente Javier Milei se reunieron en la Casa Rosada para ajustar detalles del operativo. La reunión fue encabezada por el asesor presidencial Santiago Caputo y contó con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el director de la SIDE, Sergio Neiffert; su segundo, Diego Kravetz; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta.
El Ejecutivo aseguró que el operativo será coordinado por un comando unificado integrado por Gendarmería, la Policía Federal, Prefectura y la Policía Aeroportuaria. Además, se desplegarán más de 1.000 agentes federales en conjunto con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de garantizar el orden y detener a quienes incurran en "conductas que afecten la seguridad", respaldándose en el artículo 94 del Código Penal.
Las marchas de jubilados, que se realizan todos los miércoles, cobraron mayor relevancia tras la violenta represión de la semana pasada, que dejó heridos tanto en las fuerzas de seguridad como entre los manifestantes.
Uno de los casos más graves fue el del reportero gráfico Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo tras el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno.
Para esta nueva movilización, se espera la participación de organizaciones sociales y partidos de izquierda como el Polo Obrero, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la CTA y ATE Capital. En esta oportunidad, el Gobierno no advirtió sobre la presencia de barras bravas.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad avanza en una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade por presuntos delitos de prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento, tras la liberación de 114 detenidos en la protesta anterior. Además, se prevé una nueva denuncia ante el Consejo de la Magistratura con el objetivo de solicitar su destitución.