La jueza Karina Andrade, quien liberó a las personas aprehendidas durante la marcha del Congreso de la Nación Argentina de jubilados del último miércoles, habló este viernes y aseguró que realizó "priorización de derechos" para tomar la decisión.
La jueza Karina Andrade aseguró que las detenciones por la marcha de los jubilados no fueron comunicadas correctamente.
La jueza Karina Andrade aseguró que las detenciones por la marcha de los jubilados no fueron comunicadas correctamente.
La jueza Karina Andrade, quien liberó a las personas aprehendidas durante la marcha del Congreso de la Nación Argentina de jubilados del último miércoles, habló este viernes y aseguró que realizó "priorización de derechos" para tomar la decisión.
En comunicación con Urbana Play, la magistrada justificó su accionar. "Hice esta priorización de derechos, eso remarqué y fue mi decisión. Acá hay algo que se debe garantizar a los adultos mayores, la libertad de expresión, un derecho constitucional. Ese era el contexto", explicó.
"Tenía el ejercicio de un derecho constitucional, no me fue traído un contexto delictivo. Y se empiezan a generar detenciones que no me son comunicadas y pasaron horas. Además, cuando se informó no teníamos ni los datos del lugar. A mí no me informaron armas, yo lo resalté”, contó.
Asimismo, resaltó que en ningún momento hubo algún aviso al Poder Judicial de que existía una sospecha previa de una situación delictiva orquestada con premeditación (como quiso marcar el Gobierno con respecto a la protesta) y que tampoco se pidió ninguna medida o allanamiento anterior a la marcha, sino que ella tenía notificado solo que iba a haber una manifestación.
“La sentencia dejó en claro el ABC de la detención de una persona en el país. Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución. Se tiene que entender que es una obligación para los jueces de turno tomar decisiones, que resolvemos con los elementos que tenemos en el momento, que debemos resolver y que podemos y debemos diferenciar la necesidad de una respuesta rápida conforme a la Constitución, de la expectativa lícita y que tiene el Estado de investigar la comisión de hechos delictivos”, expresó la jueza.
Andrade detalló que "los datos para la comunicación de una detención son nombre de la persona, DNI, lugar donde estuvo, intersección, [tiene que ser] exacto, el oficial y la fuerza que interviene". "Y yo siempre pido que en el delito de desobediencia que se haga un sucinto de los hechos. Llegó un momento en que la información era ‘misma situación’, ’mismo lugar’, todos los delitos eran artículos 237, 238 y 239″, mencionó.
“Tienen que cumplir los requisitos mínimos de información al juez y, otra cosa, fue que tenía un pedido de la defensa, no es que lo hice de oficio, más allá de que yo venía viendo una gran diferencia entre los detenidos que se anunciaban públicamente y los que a mí me estaban informando. Hay una obligación básica de informarle al juez de la causa la detención y tardaron horas. No con los primeros, pero después se comunicaron como 80 personas juntas, 60, no me acuerdo el número”, destacó.
“Esa es la situación. Nuestra Constitución habla del derecho a la protesta, debe garantizarse. Frente a una situación donde se anuncia desde un grupo de la sociedad una manifestación, debe estar garantizado que nadie cometa delitos en ese contexto, debe estar garantizado que alguien pueda manifestarse libremente. Y la persona que cometa delitos es detenida”, cerró la magistrada.
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