Mientras avanza la discusión sobre un nuevo marco normativo complementario a lo aprobado en la Ley Bases, sindicatos, empresarios y políticos dan su punto de vista.
La discusión sobre una reforma laboral integral y los cambios que generará en el mercado del trabajo
Foto: Spanish.xinhuanet.comTras la aprobación de la Ley Bases el año pasado, que incluyó un capítulo que modificó las relaciones laborales en Argentina, el Gobierno nacional apunta al siguiente paso: una reforma laboral integral, que modernice la legislación vigente y se acople a las exigencias del nuevo milenio.
Si bien hay un consenso generalizado en cuanto a la necesidad de modificar la normativa que regula las condiciones vinculadas al trabajo en el país, difieren las visiones de los distintos sectores que forman parte activa del mercado laboral.
Mientras en el Congreso avanza (lentamente, ya que poco y nada se debatió al respecto desde fines del año pasado) en la discusión sobre estos cambios, las principales voces afectadas sientan posición frente a una agenda que, lejos de saldarse, sigue generando polémica.
Si bien han sido incluidos en el debate inicial, los gremios miran de reojo la reforma propuesta por el oficialismo. Plantean la necesidad de discutir transformaciones, siempre y cuando se den con los trabajadores en la mesa de debate.
“Para que haya una reforma laboral, primero tienen que estar todas las patas de la mesa: los sindicatos, el gobierno, las empresas y también la sociedad. No se puede avanzar de forma unilateral como lo está haciendo el gobierno nacional”, analizó Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza.
Según el dirigente, es difícil reflejar en el mileísmo una intención genuina de avanzar en materia laboral, cuando la administración libertaria lleva adelante “un desmantelamiento del Estado” y una transferencia de recursos públicos al sector privado.
Además, rechazó la idea de flexibilizar las condiciones laborales del empleo estatal. “La estabilidad laboral no se puede poner en discusión. Es una conquista basada en la idoneidad y la trayectoria de los trabajadores; y el Estado tiene que garantizar capacitación continua para prestar un mejor servicio a la sociedad”, sostuvo.
En sintonía, Gustavo Correa, secretario gremial del SUTE, postuló que “una reforma laboral siempre es necesaria, pero la clave está en cómo y con quién se hace”. “Nosotros no le tenemos miedo a las reformas si se hacen con los trabajadores, si podemos sentarnos en una mesa y discutir en igualdad de condiciones. Lo que no se puede es imponer desde arriba lo que le conviene a un solo sector”, planteó. Para el dirigente sindical, el riesgo yace en que el gobierno nacional avance sin diálogo y sin contemplar las demandas de la pata obrera.
Desde el sector privado, Fernando Ligorria -del Centro Empleados de Comercio (CEC)- coincidió en la necesidad de avanzar en una reforma laboral, pero que plantee un modelo de país en el cual “no se desvirtúen los derechos de los trabajadores ni se diluyan en este nuevo planteo de las relaciones laborales”.
Destacó la importancia “de recuperar y sostener la participación de los trabajadores sostenidos en un concepto de sindicalismo solidario, agregando a la defensa del empleado de comercio en lo laboral/legal, la cobertura en servicios de salud, la capacitación y la formación, la integración de la mujer, la promoción del deporte y del turismo social para la familia”.
Desde el sector empresarial, en cambio, destacan la necesidad de establecer un nuevo marco normativo que dé previsibilidad, reduzca costos impositivos y fomente el empleo formal.
El dirigente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Mauricio Badaloni, celebró que se esté discutiendo una nueva ley que incluya reformas laborales. “La ley PYME (o ley de Promoción de Inversiones y Empleo) contiene un marco de previsibilidad para las compañías regionales y mendocinas. Hacía muchos años que no teníamos una herramienta así”, afirmó.
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El empresario destacó que, aunque la norma es perfectible, representa un primer paso importante para mejorar el clima de inversión y empleo.
“Lo que tenemos que atacar son los costos laborales que no impactan en el bolsillo del trabajador, pero sí hacen inviable el sistema”, explicó. En ese sentido, comparó el caso argentino con el chileno: “Mientras acá tenemos más de 50 puntos de costos laborales, en Chile no llegan al 20%. Esa diferencia se traslada al precio final de los productos, al ticket del supermercado. Por eso hay que hablar de reforma laboral, pero también de baja de impuestos distorsivos como Ingresos Brutos”, señaló.
El empresario también remarcó la necesidad de fomentar el blanqueo laboral: “Si el 50% de los trabajadores está en negro, claramente hay algo que no está funcionando”. Para corregir el nivel de informalidad, propuso sanear el sistema impositivo, equilibrando las cargas tributarias. “Que haya mayor volumen de impuestos en cuanto a la recaudación, pero con menor costo impositivo en lo individual; es decir, con una menor tasa, pero que paguemos todos”, sintetizó.
De la pata política, el gobernador Alfredo Cornejo se ha posicionado históricamente a favor una reforma integral, que modernice el régimen laboral, impositivo y previsional.
“Es indispensable modernizar las normas laborales para generar empleo en el sector privado, especialmente entre los jóvenes; reformas que permitan que las empresas contraten más fácilmente, sin rigideces absurdas”, ha dicho.
“Las relaciones laborales en Argentina están atrasadas. Tenemos leyes pensadas para un país industrial del siglo XX, y hoy necesitamos generar trabajo en sectores más dinámicos y flexibles”, ha señalado el mandatario, quien evaluó que la discusión no debe reducirse a una puja ideológica. “Esto requiere de un acuerdo político amplio. No se puede hacer solo con el sindicalismo o solo con los empresarios. Es el Estado el que tiene que articular”, manifestó tiempo atrás.