Las declaraciones de impacto ambiental de los 34 proyectos de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) fueron promulgadas este jueves en el Boletín Oficial.
El Gobierno de la provincia de Mendoza publicó la ratificación de las declaraciones de impacto ambiental para impulsar la minería en Malargüe.
Las declaraciones de impacto ambiental de los 34 proyectos de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) fueron promulgadas este jueves en el Boletín Oficial.
De esta manera, se completaron los pasos legales para impulsar la minería de cobre en esa zona de la provincia y con algunas propuestas que ya empezaron a ser adjudicadas.
Días atrás, en tanto, el gobernador Alfredo Cornejo anunció 29 nuevas iniciativas en ese departamento que ya fueron presentadas en la Dirección de Minería, las cuales están encabezadas por una empresa canadiense.
Desde que inició su gestión, Alfredo Cornejo se propuso impulsar la actividad como parte de la necesidad de diversificar una matriz productiva que hoy no está generando los ingresos necesarios para el despegue de la economía mendocina.
Después de varios meses de trabajo del Gobierno y el municipio de Malargüe en conjunto con más de una decena de organismos técnicos, la Legislatura está a punto de darle el aval definitivo a los dictámenes de 13 organismos, como la UNCuyo, IANIGLA, IADIZA, Irrigación, entre muchos otros más.
Este proceso incluyó una audiencia pública y la exposición de voces a favor y en contra en los plenarios de comisiones conformados para el análisis de los proyectos.
La creación de Malargüe Distrito Minero Occidental es algo más bien administrativo, con el fin de agilizar procesos. En concreto, se trata de una iniciativa que tiende a unificar la evaluación de proyectos mineros de exploración en un zona determinada de Malargüe, donde existe un enorme potencial minero.
MDMO es un polígono de 20.000 kilómetros cuadrados. En términos generales, el departamento del Sur mendocino cuenta con más de 200 permisos mineros que, agrupados en proyectos individuales, podrán transitar una única gestión administrativa y con ello busca agilizar los procesos, pero sin dejar de obtener la ratificación legislativa.