El observatorio impulsado por el Partido Justicialista publicó su estudio sobre una de las problemáticas que más preocupan a la sociedad. Los detalles.
La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los mendocinos y, de acuerdo con el Centro de Estudios y Análisis de Seguridad de Mendoza (CEASM), esto se ve reflejado en alarmantes cifras que dan cuenta del aumento de la actividad delictiva. En un informe presentado por el observatorio provincial del Partido Justicialista (PJ), se manifiesta que el robo es una problemática que viene en aumento.
Este lunes se llevó a cabo un nuevo encuentro del observatorio dirigido por la exlegisladora Marisa Garnica, del cual participaron concejales, legisladores provinciales y nacionales, y otros actores. En esta jornada, se presentó el informe “Discurso vs. Realidad: datos sobre el crecimiento del delito en Mendoza”. En el evento también estuvo presente la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.
“Este sistema reúne toda la información de las distintas provincias que componen el país y, anualmente, nos da las estadísticas de delitos, homicidios, robos”, entre otros, explicó.
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Según lo relevado por el observatorio del Partido Justicialista, durante el período 2009-2023 los hechos delictivos en Mendoza aumentaron un 52%. En adición, el documento también puntualiza que la mayor cantidad de homicidios registrados en el año, el 26.6% ocurrieron en el departamento de Godoy Cruz, un 20% en Las Heras y un 13% en Guaymallén.
“Desde números pandémicos -que sería el 2020- el delito ha superado la media de la Nación que era un 24%, incluso duplicándola”, expresó el abogado y miembro del observatorio, Darío Sandoval.
El informe extrajo los datos de las Estadísticas de seguridad 2009-2023 del Sistema Nacional de Información Criminal. El SNIC recolecta información de hechos de inseguridad registrados por las fuerzas policiales provinciales, fuerzas federales y otras entidades oficiales de recepción de denuncias en todo el territorio nacional.
No obstante, Garnica subraya que por más de que las estadísticas dan cuenta de una parte de los hechos, en materia de seguridad existe lo denominado “cifra negra del delito”. “Esto es lo que no se conoce, lo que no se denuncia. Para eso, hemos hecho fuertemente un trabajo de campo, no solamente en organismos públicos sino también en privados, que es lo que nosotros veníamos proponiendo con la creación de este centro de estudios”, explica.
Sandoval, por su parte, reiteró que “el problema de Mendoza, más que el número, es la velocidad de crecimiento. Crece mucho más rápido que provincias como Córdoba, Santa Fe, o en algunos delitos, más que en CABA. Eso depende del delito en particular”. Asimismo, puntualizó que en lo relativo a robos y hurtos -incluso tentativa- “tenemos el número más alto" respecto de otras jurisdicciones.
“De hecho, en abril de este año el mismo gobierno dijo, que con respecto al [primer trimestre de] 2023 -que ya era un muy mal año en cuanto a seguridad- este tipo de delitos había crecido un 30% este 2024”, expresó. Con ello hizo referencia a lo informado por el medio La Nación, quien dialogó con fuentes del oficialismo provincial.
Anabel Fernández Sagasti precisó que los datos relevados también dan cuenta del “miedo que sufrimos los mendocinos para ir a la parada del colectivo, cuando salimos de la facultad, del colegio o del trabajo”.
Asimismo, la senadora precisó que la provincia enfrenta otra problemática “mucho más complicada": el crimen organizado en los barrios que ha “empezado a tener el control debido al repliegue del aparato estatal”. Según Sagasti, esto se ve reflejado no solo en la presencia policial, sino también en la asistencia a merenderos, en escuelas, clubes de barrio, uniones vecinales y centros de salud.
“Hay un repliegue del aparato estatal, sobre todo del aparato de seguridad de ciertos barrios, que le da luz verde al control de bandas organizadas”, aporta Sandoval. De acuerdo con el abogado, estas bandas no sólo sustituyen al Estado en ciertas funciones sino que también “mantienen de rehén a barriadas enteras, como hemos visto muertos por balaceras, por conflictos interpersonales -conocido como ‘ajuste de cuentas’- y ha significado, en lo que va del año, el 60% de los homicidios que se cometen en la provincia”.
“[Los barrios] muchas veces son rehenes de organizaciones criminales y eso también impacta en la ayuda o la participación vecinal, porque están sumidos en la estructura criminal sin quererlo”, manifestó Darío Sandoval.
Para la legisladora nacional, esta problemática “cuesta vidas” de mendocinos que se están “acostumbrando a vivir entre la violencia”. Sobre ello, dio un ejemplo puntual del caso de una vecina del barrio Estación Espejo, de Las Heras. Allí, una madre le contó que debió dejar de enviar a su hijo a la secundaria porque “como queda en otro barrio, y hay una riña entre ambos barrios, te pueden matar”.
En este sentido, Sagasti exhortó al Ejecutivo provincial a llevar a cabo un "plan eficaz para combatir el crimen organizado" y, a la titular del Ministerio de Seguridad, Mercedes Rus, que asista a la bicameral de Seguridad en la legislatura.
"No nos dicen qué están haciendo, con la cantidad de recursos que tienen y los que van a tener para, con inteligencia y con organización comunitaria, tratar de que desarticular estas bandas en los barrios y que la violencia no sea parte de la vida cotidiana de muchos mendocinos", concluyó.
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