El proyecto para eliminar la Coviar reavivó una interna histórica: apoyos, críticas y un debate abierto sobre el modelo institucional de la vitivinicultura argentina.
Un proyecto parlamentario generó polémica en Mendoza y las provincias vitivinícolas
Foto: Cristian LozanoLa pulseada por el futuro de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) reavivó la fuerte interna dentro del sector. El proyecto de ley presentado por el diputado nacional Damián Arabia (PRO) para derogar la norma que creó la entidad en 2003 sumó el respaldo de Bodegas de Argentina -enfrentada a la conducción desde hace años- y de otras entidades. Por el lado del Gobierno mendocino, hubo opiniones matizadas. Desde la Coviar también salieron a responder los cuestionamientos.
La iniciativa, acompañada públicamente por la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, propone eliminar los aportes obligatorios que hacen todas las bodegas del país a Coviar.
Arabia argumentó que se trata de una entidad “financiada compulsivamente por todos los establecimientos vitivinícolas” y que “la asociación debe ser un derecho, no una obligación”.
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Según el legislador, se busca “modernizar, desregular y permitir la libre asociación entre privados”, quitando al Estado del rol de sostenedor de instituciones que considera de interés sectorial y no general.
La propuesta fue celebrada por Bodegas de Argentina, la principal cámara empresaria del sector, que abandonó la Coviar en 2019.
En un duro comunicado, la entidad justificó su apoyo en “la falta de transparencia, modos de proceder y eficacia en su gestión”, y calificó al sistema actual como “una carga impositiva imposible de sostener”.
“Es momento de dejar de sostener de manera compulsiva a instituciones que no cumplen con su propósito”, plantearon. Al reclamo se sumó el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este.
Desde la vereda opuesta, el presidente de la Coviar, Mario González, defendió la razón de ser del organismo y apuntó contra el desconocimiento del autor del proyecto. “Nos sorprendió que la presentación viniera desde Buenos Aires, de alguien que poco conoce la vitivinicultura”, dijo.
Y explicó que la Coviar no es una cámara gremial, sino un ente que ejecuta el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), concebido por el propio sector privado en los albores de la crisis de 2001. “El aporte obligatorio tiene sentido porque se trabaja por la vitivinicultura del país, no por un sector específico”, aseguró.
Destacó que el monto es “insignificante” para las bodegas y productores: un valor que ronda entre 40 centavos y 80 centavos por litro de vino (o kilo de uva), dependiendo del varietal. “Con pequeños aportes se pueden lograr muchas más cosas que con esfuerzos individuales”, aseveró.
En el medio del debate quedó el gobierno provincial, que si bien coincide con la necesidad de alivianar cargas sobre los productores, cuestionó las formas.
El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, quien a su vez es empresario vitivinícola, consideró que el proyecto debió haberse impulsado desde Mendoza o San Juan y no desde Buenos Aires, y reprochó la falta de consulta previa.
El funcionario reconoció que las metas del PEVI 2020 no se cumplieron –ni en exportaciones, ni en consumo interno, ni en mejora de la ruralidad–, pero pidió una discusión más profunda. “La vitivinicultura no es solo un negocio, es una forma de vida. Hay que tener cuidado con los pasos que se dan”, sostuvo.
Se mostró a favor de que los aportes sean voluntarios, y no obligatorios, aunque afirmó que cualquier modificación debe llevar un amplio debate detrás y será -en todo caso- el Congreso de la Nación quien defina.
Así, la ofensiva legislativa que parecía marginal, reactivó un viejo debate en la industria del vino: si el modelo institucional actual sirve para posicionar al vino argentino en el mundo o si, por el contrario, se volvió un lastre para un sector que atraviesa uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas.