La DGE impulsó la ficha limpia para cubrir un "vacío legal" que le permitía a personas con antecedentes tomar cargos en las escuelas. El proyecto establece la modificación de varios artículos del Estatuto Docente.
Es ley la "ficha limpia" para docentes y celadores: en qué consiste.
Foto: Cristian LozanoLa Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que incorpora una “ficha limpia” para el personal docente y no docente que se desempeñe en el ámbito educativo, a través de la modificación del Estatuto que los rige. En qué consiste. El tremendo hecho que disparó este cambio desde la Dirección General de Escuelas.
Esta iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en las instituciones escolares mediante la prohibición del ingreso o permanencia de personas con antecedentes penales relacionados con delitos graves.
El proyecto de ley que contó este miércoles con la sanción final de Diputados, fue presentado en la Legislatura luego de que se realizaran varias denuncias por abuso sexual contra un docente que ya había sido condenado por este mismo delito (y a pesar de esto seguía dando clases).
Este "vacío legal" llevó a que desde la (DGE) elevaran un proyecto de ley para que empiece a regir la ficha limpia en docentes y celadores en toda la provincia de Mendoza. Es que luego de que el caso se hiciera público, desde la propia DGE confirmaron que las autoridades de la escuela estaban en conocimiento de que el acusado tenía una condena, aunque no investigaron el delito y le dieron el cargo.
La medida aplica también a docentes suplentes, celadores titulares y suplentes, y personal administrativo.
Al momento de tomar el cargo, Hugo Efrain Oyola Amaya (59), presentó un certificado de antecedentes penales en el que constaba una condena en el año 2017. A pesar de esto, le dieron el cargo de profesor de Matemática y Ciencias Naturales de quinto grado en la escuela Tomás Alva Edison, ubicada en Guaymallén.
"Se le pidió el certificado de antecedentes penales, que sale con antecedentes, pero no el tipo de antecedentes que tiene. Y que ya se cumplió la sentencia definitiva", explicó la jefa de Gabinete, Daniela García semanas atrás, y admitió que la escuela no investigó el tipo de delitos por el que había sido condenado. Además, explicó que en el caso de docentes suplentes, los requisitos lo pide la dirección de línea.
"Ha habido un problema: en 2017, cuando fue imputado, se lo inhabilitó a dar clases. Lo que pasa es que hay un vacío legal: en ese momento era suplente y nunca titularizó y luego de esa inhabilitación pudo volver al sistema. Detectamos el problema por este caso y por eso este Ministerio va a tomar la resolución pertinente", advirtió.
A partir de este hecho, desde el Ministerio a cargo de Tadeo García Zalazar empezaron a trabajar en el proyecto de ley para implementar la ficha limpia para docentes y celadores.
Esto apunta a incorporar cambios en los requisitos para acceder a la docencia y poder avanzar en la exclusión de aquellos que hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual, la suposición y supresión del estado civil e identidad, y los delitos contra la libertad individual. Además, establece que una condena por estos delitos será motivo tanto de despido como de inhabilitación permanente para docentes, celadores y personal administrativo.
El proyecto establece la modificación de varios artículos del Estatuto Docente (Ley N° 4934), el cual establece los derechos y deberes del personal educativo estatal.
Apunta a “lograr una mayor claridad en la prevención y protección de niñas, niños y adolescentes dentro de las instituciones educativas”.
El texto establece que los aspirantes no podrán ingresar al sistema educativo si tienen condenas por delitos vinculados a la integridad sexual, la supresión o suposición del estado civil e identidad, y los delitos contra la libertad individual. Para estos casos se fija la inhabilitación permanente.
Para esto se creará el Registro Único de Sumarios, Sanciones e Inhabilitaciones (RUSSI) que funcionará en la órbita de la DGE, para monitorear y registrar las sanciones aplicadas a personal docente y administrativo.