A pesar que el Gobierno nacional, en su proceso de desregulación, permitió la venta de medicamentos antiácidos y analgésicos en comercios que funcionen como kiosco, almacenes y cualquier negocio no habilitado como farmacia, María Eugenia Morena, titular de la Cámara de Farmacias de San Rafael explicó los motivos por los cuales la medida no se aplicará en Mendoza.
El Decreto 1024/2024 establece modificaciones en la reglamentación de la Ley N°17.565 para regular la venta de medicamentos en farmacias habilitadas y otros establecimientos, incorporando nuevas condiciones de seguridad y acceso. La norma tiene la firma de Javier Milei, Federico Sturzenegger y el ministro de Salud, Mario Lugones.
Es por eso que la titular de la Cámara de Farmacias de San Rafael, María Eugenia Morena, en diálogo con TVA Mendoza, explicó que, en un primer momento se trató de una " sorpresa" y fue categórica: "La provincia de Mendoza no está adherida al DNU".
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Calificación en medicamento en farmacias de San Rafael.
También aclaró que, aunque el "medicamento diga de venta libre, no se puede vender en cualquier lado" y "que eso confunde muchas veces hasta a los lugares que no están habilitados; creen que puedan vender".
Está prohibida la venta de medicamentos, ya sea de venta libre o bajo receta, que no sea la farmacia Está prohibida la venta de medicamentos, ya sea de venta libre o bajo receta, que no sea la farmacia
En coherencia con esto, confirmó que desde el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza "fueron estrictos y dijeron que no van a adherir. Quieren una provincia limpia de medicamentos fuera del área, porque están en custodia de farmacias donde se cuida la temperatura del medicamento, el origen, la fecha de vencimiento, el corte".
La ordenanza nacional establece que los medicamentos bajo recetasólo podrán venderse en farmacias habilitadas y bajo supervisión de un farmacéutico responsable, permitiendo también su comercialización mediante canales electrónicos seguros, medida que es leída en el sector como un claro favoritismo hacía las grandes cadenas.
Lo expuesto entre el decreto expedido por el Ejecutivo y la legislación provincial presenta contradicciones que solo podrían conciliarse en caso de que se presente un proyecto de ley en la Legislatura.